POR QUÉ LOS CHILENOS SE REBELAN Y LOS ARGENTINOS NO
Una de las condiciones en las que Chile y Argentina difieren es en sus niveles de desigualdad.
El estallido social que convulsiona a Chile desde el sábado pasado despierta la pregunta de por qué un grupo tan heterogéneo de la sociedad chilena sale a la calle a quemar edificios, supermercados y comercios, generando un clima de violencia que ya dejó 15 muertos.
Uno de los reclamos más fuertes de la protesta es la desigualdad. Javier Rodríguez Weber, historiador y autor de Desarrollo y Desigualdad en Chile (1850-2009) señala que explotó un malestar muy aguantado, anclado no solo en la desigualdad de ingreso sino también de poder. “Hay una sensación de abuso, de que los poderosos pueden cometer delitos económicos y salir impunes”, dice. Entre los abusos que se han cometido en los últimos diez años, Weber menciona el Caso Penta, un holding que cometió evasiones millonarias de impuestos, para entre otras cosas, financiar irregularmente las campañas electorales de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la Unión Democrática Independiente (UDI), partido al que la empresa era afín. La indignación escaló aún más cuando a los responsables del fraude se los condenó con el deber de asistir a clases de ética.
Otro caso de abuso fue la colusión de las farmacias en 2008, cuando una investigación de la Fiscalía Nacional Económica descubrió que tres cadenas, Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand, se habían puesto de acuerdo para subir los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente de aquellos para tratar enfermedades crónicas.
Estos casos, según Weber, revelan la existencia de una elite muy poderosa, que abusa de la gente con total impunidad. También demuestran que uno de los fundamentos ideológicos sobre el que se ha construido el modelo chileno, el de la meritocracia, basado en la idea de que quienes se esfuerzan les va a ir bien, es falso.
Por otro lado, el historiador considera que en la sociedad chilena está muy claro quién manda y quién obedece. Una muestra de ello es la respuesta que tuvo el gobierno frente a los primeros disturbios: declarar el toque de queda. “La elite chilena tiene muy incorporada la idea de que la autoridad se ejerce, no importa cómo”, concluye.
Ante este clima de rebelión que se vive en el país vecino, una pregunta que naturalmente se desprende es por qué, si la desigualdad es uno de los principales motivos de la protesta, en Argentina no está ocurriendo lo mismo. ¿Por qué no vemos los mismos escenarios de disturbios en nuestros propios centros urbanos?
Según Martín Wasserman, doctor en Historia e investigador del CONICET, uno de los aspectos a considerar es que el grado de desigualdad en la Argentina es más bajo que el chileno. El historiador explica que al salir de la crisis de 2001, el país comenzó un proceso de progresiva disminución del coeficiente de Gini (el índice que permite comprender el nivel de desigualdad de los ingresos de un país). “Si bien el índice de Gini para Argentina en 2002 reportaba un pico de 53,8, en 2003 comenzó a disminuir a 51,2 para seguir cayendo a 44,1 en 2009 y llegar a un piso de 41 en 2013”, explica.
Además, esta menor desigualdad en la distribución de la renta se llevó adelante en un contexto en donde el Estado se ocupó de las áreas sensibles de la economía, como el acceso a la educación y a la salud públicas, e implementó medidas para atenuar el costo de otros servicios básicos, como el subsidio a las empresas de transporte para mantener el precio del boleto en un rango aceptable para el grueso de la población.
Por otro lado, el caso chileno muestra algunos contrastes. Desde 2003, Chile no siguió un proceso de disminución de la desigualdad como el que experimentó Argentina. “El índice de Gini chileno fue de 48,2 en 2006 cuando en Argentina ya había disminuido a 46,7 y de 49 en 2009 frente al 44,1 argentino”. El historiador ratifica que desde 2011 hasta ahora el índice de Gini chileno se estabilizó en torno a un promedio de 47,3 mientras que el promedio argentino en este tiempo se mantuvo en 41,46.
Wasserman considera que la persistencia que experimentó Chile en la distribución desigual del ingreso se ancla en su recorrido histórico de las últimas décadas. “Desde el golpe de Estado de 1973, el gobierno dictatorial y conservador de Pinochet vulneró los derechos de gran parte de la población y retiró al Estado de la coordinación de sectores sensibles de la economía, dejando su marca tras el retorno de la democracia en 1990”. Desde entonces, explica, el modelo liberal tendió a favorecer intereses mercantiles en sectores claves como la educación, en donde las universidades públicas, según OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), llegan a ser más caras que las privadas, o el transporte cuyo último aumento fue el gran disparador del reciente levantamiento popular.
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