GOBIERNO ANALIZA DENUNCIAR A SPAGNUOLO TRAS FILTRACIÓN DE AUDIOS POR SUPUESTAS COIMAS

Tras la filtración de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno evalúa denunciar a Spagnuolo y deslindar a la cúpula libertaria del caso.

El Gobierno nacional analiza los pasos a seguir luego de la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y amigo cercano del presidente Javier Milei, en los que menciona supuestas connivencias entre funcionarios de segunda línea y altos mandos libertarios en presuntos pedidos de coimas.

En la Casa Rosada, la principal alternativa bajo evaluación es denunciar a Spagnuolo por no haber presentado formalmente estas acusaciones ante la justicia, estrategia que busca desacreditar al exfuncionario y restarle legitimidad a sus dichos.

Por el momento, el Ejecutivo mantiene cautela y espera definiciones judiciales. La causa está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes podrían citar a Spagnuolo a indagatoria. El Gobierno teme que el exfuncionario pueda ratificar públicamente sus declaraciones y profundizar la crisis.

Reuniones y medidas oficiales

La situación derivó en reuniones estratégicas en Casa Rosada con la participación del presidente Milei, su hermana Karina, Eduardo “Lule” Menem, el asesor Santiago Caputo, el vocero Manuel Adorni y autoridades del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo ya dispuso el despido temporal de Spagnuolo hasta esclarecer los hechos, aunque aún no fijó una postura pública más definida.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo: “Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas, el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia”. Por su parte, el vocero presidencial suspendió conferencias de prensa y evitó declaraciones sobre el tema.

Acusaciones y contexto judicial

Los audios filtrados involucran directamente a los riojanos Martín y Lule Menem, mencionados como recaudadores de las presuntas coimas. La investigación se deriva de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, por delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y posible asociación ilícita.

En el oficialismo reconocen que se trata de la causa de corrupción más delicada que enfrenta el Gobierno, aunque algunos dirigentes atribuyen las filtraciones a una operación política destinada a afectar la gestión libertaria.