EL GOBIERNO PRESENTÓ LA NUEVA “LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA”

La nueva Ley de Libertad Educativa habilita homeschooling, vouchers, cambios en secundaria, evaluación docente y el examen ENES.

El Gobierno impulsa nueva "Ley de Libertad Educativa"

El Gobierno nacional presentó el proyecto definitivo de la “Ley de Libertad Educativa”, una iniciativa de 43 páginas que propone derogar la normativa vigente desde 2006 y reemplazarla por un nuevo esquema que habilita modalidades alternativas de enseñanza, mayor participación de las familias y un control más estricto del financiamiento educativo.

El texto reconoce oficialmente la educación en el hogar —o “homeschooling”— como modalidad válida dentro del sistema educativo. Las familias podrán impartir la enseñanza de manera directa o delegarla, aunque los estudiantes deberán inscribirse y rendir evaluaciones obligatorias para acreditar sus aprendizajes.

La propuesta también incorpora mecanismos de financiamiento por demanda mediante “vales, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”, con el objetivo de ampliar la libertad de elección de instituciones educativas por parte de las familias.

Otro punto relevante es la creación de los Consejos Escolares de Padres en todas las escuelas estatales, con funciones de asesoramiento, supervisión y participación en la gestión institucional, incluyendo procesos de contratación y remoción del director.

El proyecto habilita además la publicación de resultados de evaluaciones censales por institución, medida que busca brindar mayor transparencia pero que ha generado cuestionamientos por su posible impacto en la desigualdad entre escuelas.

Entre las novedades más destacadas aparece el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación voluntaria dirigida a estudiantes que finalizan el nivel medio. La prueba integrará contenidos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, y podrá ser rendida también por egresados años después.

Asimismo, se incorpora un sistema de evaluación docente cada cuatro años y un esquema de auditoría reforzada para universidades públicas a cargo de la AGN, la SIGEN y el Ministerio de Capital Humano.

En la versión final quedaron fuera dos propuestas que habían generado amplio rechazo: la educación religiosa en escuelas estatales y la equiparación obligatoria del financiamiento por alumno entre escuelas públicas y privadas.