EL GOBIERNO IMPULSA UN NUEVO SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL BASADO EN VOUCHERS DE CAPACITACIÓN LABORAL

El Ministerio de Capital Humano busca reemplazar los planes sociales por vouchers destinados a capacitaciones laborales con apoyo empresarial y certificaciones oficiales.

El Gobierno nacional avanza en un ambicioso proyecto que busca reemplazar los tradicionales planes sociales por un sistema de vouchers de capacitación laboral, con el objetivo de transformar la asistencia en formación concreta y promover la inserción en el mercado de trabajo formal.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, propone que los beneficiarios de los programas sociales puedan acceder a cursos certificados y prácticas laborales en empresas y centros educativos, financiados mediante cupones o “vouchers” emitidos por el Estado.

Un nuevo modelo de inclusión productiva

Según explicaron desde la cartera de Capital Humano, el plan apunta a reconvertir los programas Volver al Trabajo (VAT) y Acompañamiento Social (PAS) en políticas activas de empleo.

“Estamos trabajando en un sistema de vouchers para que la gente pueda capacitarse en lo que quiera, en trabajos útiles para cada región del país”, señalaron allegados a la ministra.

El esquema comenzará con una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano, donde se dictarán cursos con certificaciones progresivas en oficios y formación docente. Desde el ministerio advirtieron que solo se validarán capacitaciones que cumplan estándares técnicos y de calidad definidos por la cartera.

Empresas involucradas y cooperación público-privada

El nuevo modelo también cuenta con el interés de grandes compañías como Sinteplast y Arcos Dorados (McDonald’s), que participarían ofreciendo sus plantas y centros de formación para entrenar a futuros trabajadores.

Durante el reciente Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Pettovello mantuvo reuniones con representantes del sector privado para ampliar el alcance del proyecto.

“El Estado aportará la infraestructura y la manutención, mientras las empresas cubrirán los contenidos y materiales de formación”, explicaron fuentes del ministerio, anticipando que el plan requerirá coordinación con gobernadores e intendentes para su implementación nacional.

Origen del plan y antecedentes

La reforma del sistema de asistencia social comenzó en 2024, cuando el Ministerio dividió el programa Potenciar Trabajo —que incluía más de 1,3 millones de beneficiarios— en dos subprogramas:

• Volver al Trabajo (VAT), con foco en la empleabilidad y casi un millón de inscriptos.

• Acompañamiento Social (PAS), dirigido a mayores de 50 años y madres con cuatro o más hijos.

El Gobierno sostiene que el nuevo modelo busca “dar herramientas concretas para la inserción laboral”, aunque admite que solo un 10% de los actuales beneficiarios podría acceder a un empleo formal en el corto plazo.

Movilizaciones y críticas

Mientras tanto, las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) realizaron protestas frente al Ministerio de Capital Humano, reclamando la actualización de los haberes congelados en $78.000 desde 2023 y el pago de un bono extraordinario.

“El Gobierno no puede congelar los ingresos de los sectores populares mientras la inflación sigue subiendo”, expresó Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

Pese a las manifestaciones, Pettovello defendió la reforma como una “política de autonomía” orientada a eliminar intermediarios sociales y fomentar la capacitación directa.

Un sistema aún en desarrollo

El proyecto de vouchers laborales se encuentra en etapa de diseño, aunque la ministra planea extenderlo a provincias y municipios antes de fin de año.

Fuentes empresarias adelantaron que el objetivo inicial será capacitar formadores, quienes luego replicarán los contenidos en otros centros del país. No obstante, resta definir el esquema de financiamiento y acreditación de los cursos, ya que las empresas cubrirían solo una parte de los costos.

Contexto histórico

El sistema de transferencias condicionadas tiene antecedentes en Argentina desde 2002, con el programa Jefes de Hogar, ampliado durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Durante la gestión del Frente de Todos, la cantidad de beneficiarios alcanzó cifras récord. En cambio, el actual gobierno redujo la intervención de las organizaciones sociales y desvinculó el Salario Social Complementario del salario mínimo.

Según datos oficiales, 73.279 beneficiarios fueron suspendidos y 2.260 planes dados de baja, aunque parte de esas medidas fueron revertidas por fallos judiciales.

En paralelo, el Ejecutivo concentró la inversión social en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que según el Gobierno pasó de cubrir el 54% al 94% de la canasta básica alimentaria.