MENDOZA, CASO PROVOLO: LA DEFENSA PUSO EN DUDA LA CREDIBILIDAD DE LAS VÍCTIMAS Y LA SENTENCIA PODRÍA ESTAR EN 10 DÍAS

La abogada de los curas acusados de abuso desacreditó en sus alegatos las declaraciones de los menores. El veredicto sería el viernes 22 y el martes 26.

La defensora oficial Alicia Arlotta, que defiende en el caso Próvolo a los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61) y al jardinero Armando Gómez (51), continuó este viernes su alegato con la mira en deslindar todas las pruebas que produjeron la fiscalía y la querella, y puso en duda la credibilidad de víctimas y testigos.

Los dos sacerdotes y el jardinero están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente, en 28 casos, contra menores de edad hipoacúsicos del Instituto Próvolo (Mendoza). La fiscalía pidió 45 años para Corradi y Corbacho, 22 y medio para Gómez, mientras que la querella, 50 para Corbacho.

El jueves Arlotta había comenzado su presentación pidiendo la nulidad de lo actuado, y se esperaba que hoy finalizara su alegato, pero lo extenderá una audiencia más, hasta el próximo martes.

Tanto los representantes del Ministerio Público como los abogados de la querella apuntan a que la defensora oficial, ante las abrumadoras pruebas, intenta realizar maniobras dilatorias ya que el próximo martes 26 vence el plazo de tres años de las prisiones preventivas. 

En su alegato, Arlotta -no habla con la prensa desde que arrancó el juicio- refuta las pruebas y pidiendo las nulidades de ellas. También apunta a que las declaraciones de las víctimas no son claras y hasta sus relatos caen contradicciones. "Por cómo viene su alegato, que concluirá el martes, todo indica que pedirá la absolución de los imputados", señaló un medio mendocino.

Vale recordar que las declaraciones de las víctimas están avaladas por pericias oficiales del Cuerpo Médico Forense de Mendoza y del Equipo de Abordaje a víctimas de Abusos Sexuales (EdEAAS), ambos peritos oficiales y no de las partes.

Una alta fuente judicial consultada por Télam sostuvo que "si bien los jueces del Tribunal 2 podrían extender las prisiones preventivas al solo efecto de dictar sentencia, entendemos que la Cámara quiere ser muy prolija, porque no quieren que se pasen las fechas y no tener que discutir sobre el tema".

El martes, una vez que Arlotta concluya el alegato por la defensa, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 -compuesto por los jueces Carlos Díaz, Aníbal Crivelli y Mauricio Juan- le tienen que correr vista de los pedidos de nulidades a los fiscales y a los querellantes, que están obligados a contestar.

Sin embargo, la alta fuente judicial consultada aseguró que solo van a responder lo estrictamente obligatorio, ya que "tenemos réplica pero no vamos a utilizarla, a no ser que sea estrictamente obligatorio, porque no queremos perder más días, ya que nuestra respuesta le da derecho a dúplica a la defensora, que está especulando con que el 26 de noviembre vence el plazo de tres años de las prisiones preventivas".

Al no apelar el Tribunal al derecho a réplica, la defensa se va a quedar sin la posibilidad de recontestar, lo que en derecho se denomina dúplica. De tal manera, el cuerpo colegiado podrá estudiar de manera rápida las pruebas, los alegatos, lo que está cuestionando la defensa, y la respuesta que vayan a dar los fiscales y querellantes, y podrá dictar sentencia a mediados de la semana próxima.

Corbacho está siendo juzgado por 16 hechos: tres de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante; siete de abuso sexual con acceso carnal; cuatro de abuso sexual simple; uno por abuso sexual gravemente ultrajante; y uno por corrupción de menores.

A Corradi se lo juzga por seis hechos: dos por abuso sexual gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; uno por abuso sexual con acceso carnal; y dos por corrupción de menores.

Si bien el octogenario sacerdote italiano cuenta con 10 hechos menos que el cura argentino, su situación judicial se agrava debido a que oficiaba como regente del Próvolo, y era el responsable de la guarda de los menores allí alojados.

Al jardinero Gómez también se lo acusa de seis hechos: uno por abuso sexual simple; otro por abuso sexual gravemente ultrajante; dos por abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante; y dos por corrupción de menores.

La causa tenía un cuarto imputado, el administrativo Jorge Bordón (57), quien hace poco más de un año habría roto un tácito pacto de silencio y reconoció su participación en los 11 hechos de los que se lo acusaba, y en un juicio abreviado fue condenado a una pena de 10 años de prisión, acordada entre su defensa y el fiscal Gustavo Stroppiana.