CRISIS EN BOLIVIA: EL LÍDER OPOSITOR LUIS FERNANDO CAMACHO COQUETEA CON SER CANDIDATO A PRESIDENTE EN LAS NUEVAS ELECCIONES

Es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una de las caras más visibles de las protestas contra Evo Morales.

El jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, una de las caras más visibles de las protestas que terminaron con la renuncia de Evo Morales​ a la presidencia de Bolivia, se mostró este martes dispuesto a ser candidato en las nuevas elecciones presidenciales que se celebrarán en los próximos meses para superar la crisis política que se desató tras los comicios del 20 de octubre, envueltos en sospechas de fraude.

La propuesta la lanzó el ex candidato presidencial por la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Vítor Hugo Cárdenas, quien llamó a todos los opositores que rivalizaron con Morales el 20 de octubre a renunciar a sus aspiraciones para dar paso a una candidatura única.

Cárdenas señaló a Camacho, que ha surgido como figura opositora en el marco de la ola de protestas que se desataron tras las elecciones, y al líder del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, también catapultado por la convulsión actual, como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente.

"Si el país demanda la dupla, tendremos que sentarnos con los sectores" opositores para tomar una decisión y, "si no es lo mejor para Bolivia, entonces no lo vamos a hacer", contestó Camacho en la misma rueda de prensa.

Así, el líder cívico subrayó que no pretende "causar fricción" en la oposición ni "dividir el voto". "Queremos unidad y candidaturas claras", aseguró, según informa el diario boliviano Página Siete.

En la misma línea se ha pronunciado Pumari, quien llamó a "unificar criterios". "Si nuestro compromiso va más allá del valor cívico, entonces lo asumiremos con responsabilidad", declaró.

Una eventual candidatura presidencial de Camacho supondría desplazar al ex presidente y ex vicepresidente Carlos Mesa, que compitió en las últimas elecciones y logró el respaldo de los demás candidatos opositores al ser el segundo más votado, por detrás de Morales, de acuerdo con los resultados oficiales.

Sin embargo, al desvanecerse la posibilidad de celebrar una segunda vuelta entre Morales y Mesa y, con la autoproclamación de Jeanine Áñez ​como mandataria interina tras la renuncia del ex presidente, el ex candidato opositor quedó en un segundo plano.

"Los políticos deben entender que debe existir renovación en todos los niveles de nuestro país", consideró el líder cívico de Potosí.

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre después de que la auditoría encargada a la Organización de Estados Americanos confirmara "irregularidades" en el proceso electoral. Tras un mes de protestas que han dejado más de 30 muertos, simpatizantes y detractores del líder indígena se pusieron de acuerdo en el Congreso para aprobar una ley que establece la 'hoja de ruta' para la celebración de nuevos comicios.

La ley veta expresamente las candidaturas de Morales y el que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, ambos exiliados en México. El ex presidente boliviano ha asegurado en numerosas entrevistas que está dispuesto a no participar en las próximas elecciones en pro de la "pacificación" del país.

EL "EVISMO" SE ATRINCHERA EN LA ZONA COCALERA

En tanto, mientras gran parte del país recuperaba de a poco la normalidad, luego de la sanción de la ley de convocatoria a elecciones, que calmó los ánimos tras más de un mes de protestas, los seguidores de Evo Morales siguen su lucha. 

El último reducto opositor al gobierno provisional de la derechista Áñez se mantenía este martes con un bloqueo de rutas en una región cocalera que sigue reconociendo a Morales como su presidente, mientras la fiscalía libra órdenes de detención contra varias figuras clave de la anterior administración.

Los cortes viales son dirigidos por "un pequeño sector radical" de campesinos cocaleros que tiene en su poder "unos 250 kilómetros bloqueados", dijo Andrónico Rodríguez, de 29 años, vicepresidente de los sindicatos cocaleros del Chapare y considerado por muchos como sucesor de Morales.

Los cocaleros, que siguen reconociendo como presidente de Bolivia al "hermano Evo" y piden la salida de la mandataria interina, son "un sector radical al que nos va a costar hacer entender que deben suspender" el bloqueo, dijo a periodistas Rodríguez.

A pesar de su cercanía con Morales, el joven dirigente marca distancia con esos grupos y aboga por "pacificar el país".

En pos de reducir la conflictividad, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, logró la noche del lunes un acuerdo con algunos sindicatos de campesinos y obreros.

Dos de los ocho puntos firmados compromete al gobierno a dar garantías a las organizaciones sociales y conformar una comisión para liberar a los detenidos durante los conflictos políticos.

Mientras el país retomaba desde el lunes su pulso habitual, el tramo de la ruta que une Santa Cruz (este) con Cochabamba (centro) seguía interrumpido al tránsito de vehículos, según un reporte de la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).

El grueso de los seis sindicatos de cocaleros del Chapare, donde Morales labró su carrera política hasta llegar al poder en 2006, pactó con las autoridades la suspensión de las protestas, pero un sector desconoció el acuerdo, pues pide justicia para nueve compañeros muertos en un operativo militar-policial en esa región.

En un cabildo en esa región cocalera, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, arengó: "ni olvido ni perdón, justicia", mientras la concentración coreaba la consigna.

En línea con la promesa de "impunidad a nadie" de Áñez, la fiscalía boliviana ha ordenado la detención de varias autoridades del anterior gobierno.

Tras la detención el fin de semana de Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, el lunes fue librada una "orden de aprehensión" contra el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hombre fuerte del ex mandatario, por sedición y terrorismo.

Quintana había dicho que "Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno" si el mandatario resultaba destituido. Acosado por un movimiento civil que lo acusó de fraude en los comicios de octubre y luego de que los militares y la policía le quitaran su apoyo, Morales dimitió el 10 de noviembre y llegó asilado a México dos días después.

Mientras, el Congreso se aprestaba a aprobar el reglamento de la nueva ley de convocatoria de elecciones para designar al nuevo tribunal electoral que guiará los próximos comicios -aún sin fecha- pactados entre el gobierno y la oposición para avanzar en un proceso de pacificación del país.

Un mes de conflictos arrojó 33 muertos y centenares de heridos.