MÁS DE 200 DETENIDOS EN FRANCIA: EL GOBIERNO DECRETÓ LA REFORMA JUBILATORIA Y DESATÓ FUERTES PROTESTAS

Varios miles de personas se congregaron al grito de "huelga general" en la plaza de la Concordia, para protestar contra la reforma. La policía intervino con carros hidrantes y gases lacrimógenos.

El gobierno de Francia decretó la reforma jubilatoria, sin someterla al voto de la Asamblea Nacional (cámara baja), en una decisión que podría hacer caer al gabinete en una moción de censura, y las protestas callejeras derivaron en disturbios que dejaron al menos 217 detenidos.

Tras una reunión de crisis, el Ejecutivo optó por recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, un mecanismo que le permite aprobar la iniciativa prescindiendo del voto legislativo, ante el temor de no reunir el apoyo necesario en la cámara baja, donde no cuenta con una mayoría absoluta.

Entre gritos de la oposición de izquierda, que entonó el himno nacional La Marsellesa, la primera ministra, Élisabeth Borne, tuvo que forzar la voz en el hemiciclo de la Asamblea para anunciar el uso de dicho artículo.

"Hasta el último minuto, hicimos todo lo posible para lograr una mayoría para este texto, pero las cuentas no salían", explicó Borne a la cadena TF1, y confirmó que activó el artículo 49.3 de "común acuerdo" con el presidente Emmanuel Macron.

Varios miles de personas se congregaron entonces al grito de "huelga general" en la plaza de la Concordia, a cientos de metros de la Asamblea, para protestar contra la reforma y contra el uso de ese mecanismo legal, cuyos detractores consideran antidemocrático.

La policía intervino con carros hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Sin embargo, las protestas fueron incrementándose hacia la noche y la Policía de París informó que arrestó a 217 personas acusadas de incendiar y dañar mobiliario público, y de enfrentarse con los uniformados, según la televisora BFTM.

Más temprano, la primera ministra aseguró en el Parlamento que el país no puede "hacer apuestas" sobre el futuro de las pensiones, mientras los legisladores opositores agitaban carteles con el lema "64 años es no", reclamaban su renuncia a los gritos y cantaban el himno como signo de protesta.

“Es sobre la reforma, sobre el texto del Parlamento” consensuado por una comisión paritaria conjunta “que estoy dispuesta a comprometer mi responsabilidad”, sentenció Borne.

En consecuencia, el debate legislativo quedó suspendido y el texto se considera aprobado, salvo que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el gobierno, que sería votada el próximo lunes.

Pese al rechazo de dos de cada tres franceses, según los sondeos, Macron quiere retrasar gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de aportar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.

Durante el Consejo de Ministros que autorizó el uso del 49.3, el presidente estimó que no se podía jugar "con el futuro del país" y que "los riesgos financieros y económicos eran muy grandes" para perder la votación, según participantes del encuentro citados por la agencia de noticias AFP.

Sin embargo, la centésima activación desde 1958 de ese mecanismo causó indignación entre los legisladores de la oposición de izquierda y de ultraderecha, que amenazaron con hacer caer al Ejecutivo.

"Es un texto que no tiene legitimidad", dijo al canal Bfmtv Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda Francia Insumisa, quien justificó así el respaldo a una eventual moción de censura contra el gobierno.

También la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen afirmó que su formación presentaría dicho mecanismo para frenar la reforma, al calificar la adopción por decreto como "la constatación de un fracaso total" para Macron.

El descontento se extendió incluso a diputados de la alianza oficialista y del propio partido de Macron: "Deberíamos haber ido a la votación; oscilo entre la decepción y la ira; derrota o victoria, la democracia habría hablado", tuiteó el diputado oficialista Eric Bothorel.

En tanto, el partido conservador Los Republicanos, cuyo respaldo a la reforma logró esta mañana su media sanción en el Senado, indicó que no apoyará ninguna moción de censura, aunque Aurélien Pradié, uno de los diputados reacios, dijo que lo pensará.

Tras conocerse la sanción por decreto recrudeció la tensión con los sindicatos, que llamaron a una nueva jornada de protestas para el próximo jueves.

"Hay una voluntad del gobierno de pasar a la fuerza; más allá de lo que pase en el Parlamento, la calle puede darlo vuelta y va a darlo vuelta", dijo un joven manifestante, según el diario Le Monde.

Los sindicatos, que el 7 de este mes lograron reunir a casi dos millones de personas en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas, ya advirtieron que estudian convocar "nuevas manifestaciones".

"Obvio que habrá nuevas manifestaciones porque la movilización es muy fuerte; lo decidiremos juntos en una reunión intersindical", dijo Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), quien denunció "un vicio democrático" del Ejecutivo.

"La movilización y las huelgas deben amplificarse", afirmó por su part, Philippe Martinez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Hasta ahora el gobierno se mantiene firme en su plan de subir una de las edades de jubilación más bajas de Europa que busca, según afirma, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones en un país con una creciente esperanza de vida.

Macron, de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar Francia, se juega con esta impopular medida poder aplicar su programa durante su segundo mandato.

El nuevo episodio en la saga de la reforma previsional llegó cuando las huelgas prorrogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y el transporte perdían fuerza, pese a las fuertes imágenes de las toneladas de basura acumuladas en París.

Si la moción de censura fracasa y se adopta así la reforma finalmente, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría más tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.