CEDEN LAS PROTESTAS EN BOLIVIA: EL SENADO APROBÓ POR UNANIMIDAD UNA LEY PARA LLAMAR A ELECCIONES Y EVO MORALES NO PUEDE SER CANDIDATO

Fue luego de un acuerdo entre el gobierno interino y el partido del ex presidente. Se espera la aprobación de la Cámara de Diputados.

La ruta hacia una nueva convocatoria a elecciones en Bolivia, sin la posibilidad de que se presente Evo morales​, parecía despejarse este sábado, luego de un acuerdo entre el gobierno interino y el partido del ex presidente, que dio pie a un proyecto de ley aprobado en forma unánime y a toda velocidad por el Senado, y que anoche iba en camino a ser confirmado por la Cámara de Diputados.

En un clima todavía crispado, aunque con algunas señales de distensión luego de más de un mes de crisis que ya dejó al menos 32 muertos, el Senado anunció, tras una sesión extraordinaria que se había aprobado “por unanimidad” el Proyecto de Ley “Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales”.

La iniciativa fue remitida por la tarde a la Cámara de Diputados, donde se esperaba que recibiera luz verde antes de convertirse en ley con la firma de la presidenta interina Jeanine Áñez.​

Al mismo tiempo, el gobierno provisional tenía previsto abrir el diálogo con los movimientos seguidores de Evo Morales, que en los últimos días reforzaron sus protestas, en busca de un acuerdo que ponga fin a los bloqueos y manifestaciones que dejaron decenas de heridos y detenidos en choques con militares y policías.

Si se concreta el llamado a nuevos comicios y la “pacificación” de las calles, Bolivia comenzaría a ver la luz después de atravesar su peor convulsión en poco menos de dos décadas.

El primer paso lo dio el Senado anulando las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales había obtenido un nuevo mandato de cinco años en un proceso que la oposición denunció como fraudulento y dio pie a las masivas manifestaciones contra el gobierno del Movimiento al Socialismo. Una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) también dijo haber detectado graves irregularidades.

La fuerte presión de la oposición y la sociedad civil en las calles, más una rebelión policial y el llamado de las Fuerzas Armadas a que diera un paso al costado, forzó a Evo Morales a presentar su renuncia el domingo 10 de noviembre, luego de denunciar un “golpe de Estado” orquestado por la derecha boliviana con supuesto apoyo extranjero. El ex líder de los sindicatos cocaleros, que gobernó durante casi 14 años, se refugió entonces en México.

Según el proyecto aprobado por el Senado, se dejarán “sin efecto legal las anteriores elecciones y sus resultados que ocasionaron la movilización ciudadana”, sostuvo el senador Oscar Ortiz, quien desde la oposición a Morales lideró las negociaciones que llevaron al borrador de la propuesta.

El proyecto, que en principio cuenta con el respaldo del MAS, prevé la organización de nuevos comicios generales y la renovación del Tribunal Supremo Electoral, cuyos antiguos vocales fueron removidos acusados de haber manipulado el escrutinio.

Al mismo tiempo cierra la puerta a la postulación de Morales, quien ejerció el poder desde 2006 con una alta popularidad que fue menguando pese a sus logros sociales y económicos, debido a su empeño de mantenerse en el cargo aun con un referendo en contra en 2016.

Con mayoría en el Congreso, el MAS se muestra dividido en torno a Morales.

La redacción surgió de un acuerdo entre el MAS y los partidos Unidad Demócrata, del que era senadora Áñez antes de asumir la presidencia provisional, y el Partido Demócrata Cristiano.

El MAS habría presentado una propuesta, que incluso proponía el 12 de enero de 2020 como fecha de las elecciones, y el gobierno provisional otra, que insistía en que se respete el límite constitucional de dos mandatos seguidos para habilitar candidaturas.

El proyecto deja claro que debe respetarse ese artículo de la Constitución, lo que deja afuera de los próximos comicios a Evo Morales, quien logró ya dos reelecciones, en 2009 y 2014. La Constitución le permite a Morales presentarse de nuevo a las urnas en 2025, cuando tenga 66 años.

De acuerdo con el texto aprobado en el Senado, el nuevo órgano electoral convocaría elecciones en un máximo de dos días una vez que tome posesión, con un nuevo padrón electoral y con las candidaturas que deseen presentarse, sin pasar por primarias.

El debate del proyecto se dio en momentos en que las fuertes protestas de los seguidores de Morales en La Paz y otras ciudades cedían gradualmente, después de semanas de bloqueos que estaban generando un preocupante desabastecimiento de combustible y alimentos, además de la violencia que ya dejó 32 muertos.

Sin embargo, en uno de los incidentes importantes de la jornada, en la ciudad de Cochabamba se registró un choque entre pobladores con militares que escoltaban a una caravana de autos recolectores de basura. Los pobladores los esperaron con piedras y palos, y dejaron unos 25 militares heridos, según las autoridades.

La plaza Murillo, donde se congrega el poder político del país, frente al Parlamento y al Palacio de Gobierno, en La Paz, continuaba custodiada por los militares y policías, mientras en la vecina ciudad de El Alto una marcha de vecinos salió con banderas blancas para pedir paz en el país.

En tanto, a última hora estaba prevista una reunión entre el gobierno interino y los opositores en el palacio presidencial. “Estamos comenzando a dialogar para pacificar el país”, afirmó el viernes el ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, uno de los encargados de establecer puentes con grupos leales a Morales.

Sin embargo, el rechazo de Añez a un proyecto de ley del MAS para proteger a Evo Morales de un eventual juicio por “terrorismo y sedición”, tensionó el inicio de las conversaciones.

El viernes la fiscalía abrió una investigación formal contra Morales. El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, presentó como prueba un audio en el que se escucha supuestamente a Morales instruyendo a un partidario cocalero para que se cerquen las ciudades y se interrumpa el suministro de comida. El jueves el ex gobernante denunció en Twitter los planes del gobierno de Áñez para enredarlo en un “juicio internacional” con base en un “montaje”.