DESREGULAN CONTROLES DEL INTI Y ALERTAN POR IMPACTO EN ALCOHOLÍMETROS, RADARES, SURTIDORES Y AUTOPARTES

Una nueva normativa modificó el rol del INTI y habilitó a privados a verificar instrumentos de medición. Especialistas advierten riesgos en la confiabilidad de los controles.

Una reciente modificación normativa introdujo cambios profundos en el sistema de control de instrumentos de medición en la Argentina, afectando el rol histórico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y habilitando una mayor participación del sector privado en verificaciones que impactan directamente en la vida cotidiana.

A partir de esta nueva regulación, balanzas de supermercados, surtidores de combustible, radares de velocidad, alcoholímetros y otros dispositivos utilizados en transacciones comerciales y controles oficiales quedaron alcanzados por un proceso de desregulación, que despertó alertas entre especialistas y trabajadores del sector.

El cambio más significativo es que el INTI dejó de ser la autoridad exclusiva en metrología legal y quedó equiparado a laboratorios privados, perdiendo su carácter de organismo estatal central e imparcial en la certificación de instrumentos.

Qué es la metrología legal y por qué es clave

El metrólogo Marcelo Isleño, integrante del Departamento de Control de Servicios Públicos del INTI, explicó que la metrología legal es la disciplina que garantiza que los instrumentos de medición utilizados en operaciones comerciales o controles oficiales funcionen correctamente.

“El ciudadano confía en que cuando compra un kilo de carne, carga combustible o recibe una multa, el instrumento que mide todo eso está funcionando correctamente porque así lo certifica nuestro organismo”, señaló. Esa confianza se apoya en reglamentos técnicos que establecen cómo deben ser los instrumentos, cómo se usan y cada cuánto tiempo deben verificarse.

Isleño aclaró que no todos los elementos de medición están alcanzados por estas normas: “Una balanza doméstica o un tensiómetro personal pueden cumplir normas técnicas, pero no están reglamentados. En cambio, una balanza utilizada en un comercio sí lo está. El criterio es el uso: si interviene en una transacción comercial, entra bajo control metrológico legal”.

Cómo funcionaba el sistema hasta ahora

Antes de ser comercializado, cada instrumento debía atravesar un proceso de aprobación de modelo, donde se verificaba que cumpliera con las especificaciones técnicas y la normativa vigente. Una vez en uso, debía someterse a controles periódicos para asegurar que mantenía su precisión.

Ese esquema tenía al INTI como organismo de aplicación estatal, con un rol central en la certificación, verificación y control, garantizando imparcialidad y respaldo técnico.

Qué cambia con la nueva resolución

Según detalló Isleño, la Resolución 276 modificó sustancialmente ese esquema. “Entre los principales cambios, equipara al INTI con laboratorios privados y traslada el rol del organismo de aplicación estatal al OAA, una entidad privada. A partir de ahora, actores privados están habilitados a realizar verificaciones”, explicó.

Para el especialista, la medida desconoce el rol histórico del organismo público: “Argentina era reconocida internacionalmente por estas tareas del INTI. En los países desarrollados esta función la cumple el Estado para garantizar fiabilidad. Ahora, organismos privados controlarán a privados”.

Menos controles y más tiempo entre verificaciones

Otro punto cuestionado es la modificación de los tiempos de contraste, es decir, los plazos obligatorios para volver a verificar los instrumentos.

“Equipos que antes se controlaban cada seis meses ahora se controlan una vez al año; los que eran anuales pasan a cada dos años. En algunos casos, como los tanques de combustible de gran capacidad, la obligación directamente fue eliminada”, detalló Isleño.

El metrólogo explicó que los instrumentos se desgastan con el uso y pueden descalibrarse incluso sin intervención humana. “Pueden perder precisión por envejecimiento o condiciones ambientales y deben ser verificados periódicamente”, advirtió.

Impacto en la vida cotidiana y la seguridad

La metrología legal no solo afecta a las compras diarias, sino también a la seguridad vial y los derechos ciudadanos. Radares de velocidad y alcoholímetros deben estar correctamente verificados para que una multa sea válida.

“Para que una infracción sea legítima, esos instrumentos deben estar correctamente verificados”, remarcó Isleño, subrayando que la confiabilidad de las mediciones es central para garantizar derechos y obligaciones.

En paralelo, la normativa eliminó el régimen CHAS, que regulaba el control de autopartes de seguridad como cinturones, frenos, amortiguadores y airbags. Con su derogación, estos productos dejaron de contar con certificación obligatoria previa.

Reducción de personal y capacidad técnica

Los cambios se producen además en un contexto de fuerte reducción de personal en el INTI. Según indicó Isleño, se registraron alrededor de 800 desvinculaciones en el último período.

“Formar un metrólogo lleva años y la pérdida de personal impacta directamente en la capacidad técnica del organismo”, alertó el especialista, quien también se desempeña como delegado gremial.

Desde el INTI remarcaron que su función es preventiva y no sancionatoria. “El control público busca garantizar mediciones confiables, no sancionar”, explicó.

Un debate abierto

“La metrología legal atraviesa múltiples aspectos de la vida diaria. Desde el combustible que se carga hasta la validez de una multa, el sistema de medición sostiene derechos y obligaciones”, resumió Isleño.

“Es un trabajo que no se nota cuando funciona, pero se vuelve evidente cuando deja de estar”, concluyó.

La discusión que se abre ahora gira en torno a cómo garantizar controles efectivos y confiables en un esquema que modificó el rol del Estado y habilitó una mayor participación privada en la verificación de instrumentos clave para la vida cotidiana.