La Justicia frenó el cierre de “Volver al Trabajo” y ordenó pagos

Un fallo judicial suspendió el cierre del programa Volver al Trabajo y ordenó mantener pagos a 900 mil beneficiarios.

Un fallo judicial frenó la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa “Volver al Trabajo” y ordenó mantener las prestaciones económicas que perciben sus beneficiarios. La medida fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a una cautelar presentada contra la eliminación del esquema prevista para mayo.

La resolución obliga al Estado nacional y al Ministerio de Capital Humano a garantizar la continuidad de los pagos dentro de un plazo de tres días desde la notificación. El alcance del fallo es provisorio y se mantendrá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

Alcance de la medida

Según lo establecido por el tribunal, se deberá “mantener la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo”.

El esquema alcanza, de acuerdo con los datos incorporados en la causa, a unas 900 mil personas en todo el país, quienes actualmente reciben una asistencia cercana a los 80 mil pesos mensuales.

La decisión judicial se produce luego de que el Gobierno anunciara su intención de reemplazar el programa por un sistema de vouchers destinado a capacitaciones.

Los argumentos del fallo

En su resolución, el juzgado consideró que la interrupción inmediata del beneficio podría generar un impacto directo sobre sectores en situación de vulnerabilidad.

Entre los fundamentos, señaló que un corte abrupto de las prestaciones sin una alternativa concreta podría comprometer derechos básicos vinculados a la subsistencia, la seguridad social y la salud.

Asimismo, el magistrado destacó el “profundo contenido social” del programa y advirtió que su eliminación, en el contexto actual, podría resultar arbitraria e irrazonable.

Cuestionamientos al sistema de vouchers

El fallo también analizó la propuesta oficial de reemplazar la asistencia monetaria por vouchers de formación.

En ese punto, el tribunal entendió que ese mecanismo no resulta equivalente al ingreso mensual que perciben los beneficiarios. Según indicó, no quedó acreditado que ese esquema permita cubrir necesidades básicas de manera efectiva.

Urgencia y efecto inmediato

Otro de los aspectos centrales de la resolución fue la consideración de la urgencia del caso. El juzgado sostuvo que existía “peligro en la demora” ante la inminencia del cierre del programa.

Por ese motivo, resolvió dictar la medida cautelar para evitar un perjuicio inmediato, mientras se analiza el planteo de fondo sobre la legalidad de la decisión administrativa.