La Justicia amplió los procesamientos en la causa ANDIS por presuntos sobreprecios en medicamentos e insumos médicos que superarían los $7.833 millones.

Caso ANDIS: investigan sobreprecios por más de $7.833 millones y amplían procesamientos

El juez federal Ariel Lijo amplió las imputaciones contra Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y otros involucrados en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación analiza compras de medicamentos, prótesis e insumos médicos y estima un perjuicio económico superior a los $7.833 millones.

La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevas resoluciones y profundizó el análisis de las contrataciones de medicamentos e insumos médicos realizadas a través del Programa Incluir Salud. El juez federal Ariel Lijo amplió los procesamientos de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo durante el gobierno de Javier Milei, y de otros acusados, en una causa que investiga un posible esquema de sobreprecios, adjudicaciones direccionadas y pagos ilegales.

De acuerdo con las cifras consignadas en la resolución judicial, las diferencias de precios detectadas en medicamentos e insumos médicos alcanzarían los $7.833.872.357,24. El monto constituye una estimación provisoria y está sujeto a las pericias, la revisión de nuevas operaciones y el desarrollo del expediente.

La decisión también alcanzó a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, señalados por la acusación como presuntos responsables de conducir una asociación ilícita. Además, se dispusieron medidas patrimoniales y procesamientos de otros empresarios vinculados con las contrataciones investigadas.

La información fue publicada por La Nación, que dio cuenta de los principales elementos de la resolución.

Cómo se compone el presunto perjuicio económico

Uno de los puntos centrales de la investigación es la diferencia entre los precios abonados por la ANDIS y los valores de referencia utilizados para comparar las contrataciones.

El relevamiento de operaciones de al menos seis empresas proveedoras de insumos médicos identificó diferencias por $1.849.277.963. El magistrado aclaró que se trataba de un cálculo parcial, debido a que el análisis no comprendía la totalidad de las compulsas de precios y adjudicaciones realizadas durante el período investigado.

“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas”, sostuvo Lijo, según la resolución citada.

A esa cifra se sumó un informe previo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que examinó las compras de once medicamentos y calculó presuntas diferencias de precios por $5.984.594.394,24.

La suma de ambos rubros arroja un total estimado de $7.833.872.357,24. La cifra refleja el alcance económico preliminar de las operaciones examinadas, pero no representa todavía un perjuicio definitivo establecido mediante sentencia.

Qué mecanismo investiga la Justicia

Según la hipótesis judicial, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 habría funcionado un esquema destinado a intervenir en las contrataciones del Programa Incluir Salud para favorecer a determinadas empresas proveedoras.

El programa contempla prestaciones y suministros para personas beneficiarias, entre ellos medicamentos, prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y materiales destinados a tratamientos de traumatología, cardiología y neurología.

La acusación sostiene que el mecanismo habría incluido la simulación de competencia entre oferentes y el direccionamiento de adjudicaciones hacia empresas previamente seleccionadas. También se investigan presuntos retornos económicos a funcionarios.

En febrero, el juez federal Sebastián Casanello había procesado a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y delitos relacionados con sobornos, de acuerdo con los antecedentes consignados en la información publicada.

La nueva resolución amplió el alcance de las imputaciones y mantuvo bajo investigación a Spagnuolo, Garbellini y Calvete como presuntos responsables de la conducción de la organización. A Calvete también se le atribuye presunto lavado de activos.

Estas imputaciones deberán ser examinadas durante el proceso judicial y no equivalen a una condena penal.

Diferencias de precios que llegaron al 1.972%

Entre los elementos incorporados a la causa figuran auditorías realizadas durante la intervención de la ANDIS por Alejandro Vilches y documentación remitida a la Justicia junto con información del Ministerio de Salud.

Los informes compararon los precios pagados por el organismo con los registrados en contrataciones del PAMI. Según los datos difundidos, algunas diferencias alcanzaron el 1.972%, un porcentaje que deberá analizarse considerando las características de cada producto, las condiciones de contratación y los criterios utilizados para establecer los valores de referencia.

Uno de los ejemplos citados fue la adquisición de un sistema de válvulas bicaval transcatéter por $425 millones. En la comparación incorporada a la investigación, se indicó que el PAMI había adjudicado un sistema similar a Siprotec S.A. el 25 de marzo de 2025 por $124.200.000.

También se señalaron posibles irregularidades relacionadas con la entrega de una prótesis destinada a un paciente de Río Negro y una factura que presuntamente habría sido abonada en dos oportunidades.

Estos casos forman parte de los elementos que la Justicia deberá evaluar para establecer si existieron sobreprecios, pagos indebidos o incumplimientos en las contrataciones.

Los mensajes que forman parte del expediente

Otro elemento analizado por los investigadores es un intercambio de mensajes entre Garbellini y Calvete fechado el 24 de julio de 2025.

En una de las comunicaciones, el entonces funcionario escribió: “Sus ofrendas de esta semana”. El mensaje estaba acompañado por una planilla con diez empresas y montos que sumaban $2.021 millones. Según la información incorporada al expediente, esas cifras coincidían con certificados de pago emitidos durante esa misma jornada.

Para el fiscal Franco Picardi, el intercambio constituiría un indicio que debe analizarse dentro de la hipótesis de un presunto circuito de pagos irregulares.

Garbellini rechazó esa interpretación y sostuvo que la expresión utilizada respondía a una forma de referirse a los reclamos de Calvete por deudas pendientes, con alusiones religiosas. El significado del mensaje y su posible relación con las operaciones investigadas forman parte de las cuestiones que deberán determinarse judicialmente.

Qué plantearon las defensas

Los acusados cuestionaron distintos aspectos de la investigación y rechazaron las interpretaciones de la fiscalía.

Fuentes cercanas a Spagnuolo objetaron que su responsabilidad pudiera deducirse únicamente del cargo jerárquico que ocupaba en la agencia. Garbellini negó la existencia de sobreprecios y rechazó haber recibido sobornos, según publicó La Nación.

Por su parte, la defensa de Calvete solicitó nuevas pericias sobre los valores de las contrataciones y cuestionó la metodología utilizada para calcular las diferencias de precios.

En tanto, el abogado de Pablo Atchabahian anticipó que su defendido preparaba una declaración para explicar las licitaciones investigadas.

Las posiciones de las defensas deberán contrastarse con la documentación, las pericias y el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Una causa que comenzó en 2025

La investigación se inició en agosto de 2025, luego de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que motivaron una denuncia judicial. Desde entonces, el expediente avanzó sobre las contrataciones de la ANDIS, los procedimientos de adjudicación y la posible intervención de funcionarios y empresarios.

La ampliación de los procesamientos representa un nuevo paso en una causa que examina el uso de fondos públicos destinados a medicamentos, prótesis y otros insumos para la atención de personas con discapacidad.

El punto central será determinar si las diferencias de precios detectadas respondieron a irregularidades penalmente relevantes, quiénes habrían intervenido y cuál fue el eventual perjuicio para el Estado.

Mientras continúan las medidas de prueba, las imputaciones permanecen sujetas al proceso judicial. Los procesamientos no constituyen condenas firmes y la responsabilidad penal de cada acusado deberá establecerse conforme a las pruebas y las decisiones que adopte la Justicia.