CORRUPCIÓN, POBREZA Y VIOLENCIA, LAS CLAVES DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN GUATEMALA

CORRUPCIÓN, POBREZA Y VIOLENCIA, LAS CLAVES DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN GUATEMALA

Más de 8 millones de personas podrán elegir entre los 19 candidatos inscriptos para suceder al presidente Jimmy Morales.

Guatemala está enfrascada en un atípico proceso electoral, uno de los más insólitos desde que se instauró la democracia en 1985. A apenas unos días de que más de 8 millones de personas acudan a las urnas para elegir presidente, la incertidumbre y el desasosiego acorralan unas elecciones decisivas para el país, en la que los guatemaltecos buscarán salir del marasmo de la corrupción, la violencia y la galopante pobreza que impulsan la masiva emigración hacia Estados Unidos.

El combate contra la pobreza y la violencia criminal dominan la oferta de los 19 candidatos que buscan suceder al presidente Jimmy Morales, un ex comediante de televisión que ganó en 2015 tras la renuncia del expresidente Otto Pérez cuatro meses antes de culminar su mandato por cargos de corrupción y en medio de masivas protestas.

Morales concluye su mandato de cuatro años con la popularidad por el piso y con el pedido de la fiscalía de investigarlo por corrupción.

Ninguno de los candidatos aparece en las encuestas con posibilidades de ganar en la primera vuelta, por lo que se augura un balotaje en agosto.

La favorita es la socialdemócrata Sandra Torres, ex esposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para poder postularse a la primera magistratura.

Le sigue el derechista Alejandro Giammattei, quien se postula por cuarta vez, aunque algunas proyecciones ubican a Roberto Arzú, hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), como un posible segundo lugar en su primera incursión para alcanzar la presidencia. En Guatemala está prohibida la reelección presidencial.

El proceso electoral estuvo marcado por la exclusión de la ex fiscal general Thelma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, que fue marginada del proceso por decisiones judiciales ante denuncias de irregularidades en su contra cuando era jefa del Ministerio Público (2014-2018).

La justicia dejó asimismo fuera de la contienda a Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de Estado.

En una señal del clima de violencia y corrupción en Guatemala, el fiscal de delitos electorales Óscar Schaad dejó el país tras sufrir amenazas, anunció este miércoles la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Lo mismo le ocurrió a Thelma Aldana, que enfrentada a amenazas de muerte, se asiló primero en El Salvador y luego en Estados Unidos, donde permanece.

Según la Alianza por las Reformas, que agrupa a unas 40 organizaciones civiles, la exclusión de Aldana es "una clara represalia por las investigaciones que la ex fiscal realizó contra el presidente (Morales), su familia y miembros de su partido político por actos de corrupción".

Morales es investigado por la fiscalía por financiamiento ilegal en la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder, y un hijo y hermano suyo también enfrentan investigaciones.

En 2015 los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Otto Pérez por casos impulsados por la ex fiscal Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, que busca combatir la corrupción e impunidad desde 2007.

Pero esas esperanzas se ven menguadas pues la Cicig terminará sus funciones en setiembre debido a que Morales incumplió la promesa de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.

Aunque algunos candidatos con pocas opciones impulsan la permanencia de la Cicig, los aspirantes con posibilidades han descartado su continuidad.

La candidata indígena maya-mam Thelma Cabrera, que figura entre los cinco primeros según los sondeos, aseguró a la AFP días atrás que Guatemala necesita una reforma estructural urgente con cambios constitucionales para cambiar lo que llamó un "Estado podrido".

En ese marco de corrupción endémica, un 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos vive en la pobreza, pese a que Guatemala cerró 2018 con un crecimiento de 3,1% y espera crecer 3,4% este año, según el Ministerio de Finanzas, que ubica en más 75.000 millones de dólares el PIB del país.

Sandra Torres apuesta a la generación de empleo e inversiones, el fomento agrícola y del turismo, aunque su principal bandera es revivir programas de asistencia social como el reparto de alimentos, insignias del gobierno de su ex esposo.

"La única manera de poder salir de la pobreza es a través del trabajo", ha dicho Giammattei, quien propone generar "las condiciones adecuadas para aumentar la inversión y la producción" y parar la migración.

Un motor fundamental de la economía es el envío de remesas de los migrantes, que el año pasado alcanzaron casi 9.300 millones de dólares, el nivel más alto registrado.

Cifras oficiales estiman que 1,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales solo entre 300.000 y 400.000 tienen residencia legal.

Miles de guatemaltecos se aventuran a cruzar México para llegar a Estados Unidos alegando huir de la pobreza y la violencia, problemas comunes en el norte centroamericano donde operan las temidas pandillas y grupos del narcotráfico.

Según fuentes migratorias guatemaltecas, 94.482 personas fueron deportadas por México y Estados Unidos en 2018, la mayoría originarios de poblados indígenas en el empobrecido occidente del país.

El Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala y Honduras- es la región sin conflicto armado más violenta del mundo, según la ONU, y ha sido fuente de multitudinarias caravanas migratorias a Estados Unidos.

 

ELECCIONES ATÍPICAS: CLAVES

 

1. ¿JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA? 

 

Nunca antes en la historia electoral de Guatemala las Cortes habían jugado un papel tan importante como lo están haciendo ahora. Aunque en su momento tuvieron que decidir sobre las candidaturas del ex dictador de José Efraín Ríos Montt (2003) o la del pastor Harold Caballeros (2007), fallos que causaron polémica, este año son protagonistas indiscutibles y algunos aseguran que son la caja de resonancia del mundo político. 

Pero lo cierto es que han sido las encargadas de prohibir la participación de la reconocida ex fiscal general Thelma Aldana (por no tener finiquito, un documento que se exige en Guatemala para optar a un cargo público), la de Zury Ríos (por ser hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt) o la de Mauricio Radford (por tener un proceso judicial pendiente).

 

2. EN PROBLEMAS Y CON DUDAS

 

En la incertidumbre hay más candidaturas, como la de Edwin Escobar (aspirante a la primera magistratura por Prosperidad Ciudadana) por carecer del finiquito y la de la ex primera dama Sandra Torres, contra quien hay pendiente una solicitud de desafuero por una supuesta financiación electoral ilícita en la campaña de 2015, cuando perdió en la segunda vuelta frente a Jimmy Morales.

Pero no son los únicos. Roberto Arzú, hijo del expresidente y exalcalde de la capital Álvaro Arzú, tiene un proceso civil en Miami (EE.UU.) por una deuda de más de 5 millones de dólares a J.J. Rendón.

Las acusaciones o dudas sobre el pasado también son un lastre para otros candidatos. Al humanista Edmond Mulet lo sobrevuela su supuesta participación en adopciones ilegales en la década de 1980 y aAlejandro Giammattei (VAMOS) su participación en la operación Pavo Real, en la que se ejecutaron extrajudicialmente a varios presos.

A Fredy Cabrera (TODOS) lo vinculan a la elección de magistrados y a Thelma Cabrera (del Movimiento por la Liberación de los Pueblos) la relacionan al robo de energía del Comité de Desarrollo Campesino, una organización que ella junto a otros compañeros fundó para luchar por el derecho a la tierra y la nacionalización de la energía por sus desorbitados precios que impiden un acceso equitativo.

 

3. DEPURACIÓN OBLIGADA

 

Estas decisiones judiciales han depurado una lista que era de las más largas de la historia. Al menos 24 personas buscaban el Gobierno pero ahora la lista se acorta. Con las candidaturas anuladas las opciones se han reducido. Y a esa depuración hay que sumar la de Mario Estrada, cuya credencial fue revocada después de que fuera detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Esa lista inmensa de partidos y candidatos demostraba la fragilidad e inconsistencia del sistema electoral y político en Guatemala, en el que no hay un sentimiento de pertenencia real a unos ideales y donde las organizaciones carecen de ideología.

 

4. VOTOS HUÉRFANOS

 

Después de la anulación de varias candidaturas, las dudas cercan al voto huérfano: el que han dejado desamparado Thelma Aldana y Zury Ríos al caerse de la lista y quienes encabezan las principales encuestas en segundo y tercer lugar, después de Torres.

Ahora queda por ver cuáles aspirantes saben recoger ese voto.

 

5. MENOS DERECHOS

 

La situación política y judicial ha monopolizado las charlas entre amigos y los debates. Poco se sabe de los programas y de las ideas que implantarán los aspirantes de llegar al poder y lo poco que se ha dado a conocer, según el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, va en contra de los defensores y de los derechos humanos de los ciudadanos.

La promoción de la familia tradicional, la aplicación de la pena de muerte, la negación del genocidio en el conflicto armado interno (1960-1996) y por ende de las víctimas, o la oposición a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han sido los mensajes más repetidos.

Uno de los ejemplos fue la camiseta que llevaba Amílcar Rivera, candidato a la Presidencia por Victoria, cuando fue a recoger sus credenciales y que otros han repetido en sus discursos: "No más derechos humanos para delincuentes".

 

6. ¿ELECCIONES LIBRES?

 

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha pedido en varias ocasiones que se celebren unas elecciones libres, sin injerencia; sembrando la duda de si no lo están siendo y cuestionando en reiteradas ocasiones el papel del Tribunal Supremo Electoral o de las cortes.

"Que las elecciones no se conviertan en una tragedia" fue uno de los últimos deseos que transmitió a los medios. Días después, un grupo de militares retirados empezaron a amenazar con boicotear los comicios si no les pagan una indemnización por su "trabajo" durante la guerra.

Muchos se preguntan: ¿Quién no deja que se celebren unas elecciones libres?